Por: Deborah Zurita
Plebiscito 2020 :
En dos meses tenemos el derecho a voto para decidir por el cambio de constitución. De manera presencial y también para chilenos en el extranjero. Se trata de una partición vinculante, un proceso para tomar decisiones después de varios meses de revuelta social.
El 25 de octubre se podrá determinar el proceso de finalización de la Dictadura Militar. Y como bien menciona Eduardo Muñoz, Académico de la Universidad de Valparaíso, que hoy participa en el Movimiento UNIR, hoy tenemos un mecanismo aprobado constitucionalmente, y por lo mismo hay que hacerlo valer y votar en él.
Eduardo nos recuerda que estamos en un momento de transición entre lo que fue el siglo XX y el siglo XXI. La década de los 90 deja claro el sistema neoliberal imperante, que no solo se ajusta a un mecanismo económico, sino que también una ideología post doctrina del shock que nos llevó a una forma de pensar y convivir. Antes de la revuelta social ya se venía venir el declive de una economía con una gran baja del dólar, la revuelta mostró las fracturas de un sistema.
Esta columna muestra lo que antecede al plebiscito del 25 de octubre en un plano económico. Un sistema neoliberal que ahora paga las consecuencias de sus años dorados, y un sistema donde los actores políticos se han puesto de acuerdo por años, forzando una posición dominante para verse privilegiados, también se está rescrebajando.
Plano económico
Conversando con Eduardo, él cree que las condiciones y la situación del país son diferentes para poder lograr un proceso democrático. “Creo que esta vez las condiciones son distintas, la ilegitimidad y la desigualdad amparada en esta constitución están siendo un tope para el desarrollo del país. Acá no está afectado solo el pueblo, sino la capacidad de Chile de alcanzar el desarrollo”. En ese sentido estamos en lo que podríamos llamar el enfriamiento de la economía neoliberal.
¿Cuáles son los impedimentos económicos para el desarrollo del país? Problemas que emanan desde la carta magna. En primer lugar, se entiende que “La Constitución Política de Chile, “contiene un conjunto de normas que constituyen las bases de la fiscalidad. La creación de órganos estatales y la atribución de potestades; las que establecen las relaciones entre el contribuyente (ciudadano) y el Estado (dentro de un marco de Estado Social de Derecho).”
El año 2010 Johnson’s termino pagando US$8 millones de los US$108 millones en impuestos adeudados, entonces estamos ante un sistema que legalmente, al menos al margen de la ley permite formas de evasión, de la cual solo tienen accesos empresas de elite. Johnson’s solo es un ejemplo entre otros tantos casos que involucran a grandes empresarios y contribuyentes políticos que eluden impuestos, como Sebastián Piñera y Ponceu Loreu. A diferencia de empresas pequeñas y medianas que de manera rigurosa pagan sus tributos, o cualquier otro gasto, y no obtienen beneficios a costa de costos fiscales para conseguir liquides inmediata.
Otro caso de falta de Administración Pública, que se viene arrastrando durante años es el Royalty minero para todo tipo de minería. Justamente estos días UDI propone privatizar Codelco, mientras el cobre se va bruto fuera del país. Podemos sumar otro problema económico, la constitución protege al privado sobre los derechos del agua, y el privado puede dejar sin agua a la población, sin agua a tierras destinadas a la agricultura y ganadería, creando un grave problema económico y de ecosistema. Como bien se menciono el año 2018 en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, el estado aporta recursos en Petorca para la creación de piscinas que sirven solo a grandes empresas, lo cual es aún más irrisorio.
Ante lo mencionado anteriormente, la primicia de libertad de mercado no existe, porque no todos cuentan con las mismas herramientas o las mismas posibilidades para que realmente el mercado se regule por sí mismo, como confiere el pensamiento neoliberal. La carta magna pone como objetivo el crecimiento económico, pero no propone herramientas para que este crecimiento se convierta en desarrollo. No existe un plan país para inversión en innovación para diversificar la cartera. Además, propone el acompañamiento de un sistema político desde rol de estado más ajeno y con poder autoritarismo. Lo que se define como estado subsidiario y poder ejecutivo presidencial.
El mercado bursátil
A diez meses de la revuelta y en medio de una pandemia que vino a profundizar la crisis económica, la población exigió un porcentaje de retiro de fondos de jubilación, es decir, inyectar liquidez a los trabajadores. Se evidencia que los contribuyentes son la verdadera base económica, y que sus fondos solo han estado en inversiones riesgosas para salvar empresas de la elite.
Incluso los trabajadores auspician sus propios créditos, se endeudan con créditos que vienen desde las AFP, “las AFP invierten el dinero de los trabajadores en los bancos cuyas tasas de interés fluctúan entre 4% y 4,5% anual. A su vez, estos mismos bancos, prestan ese dinero a los trabajadores por medio de créditos de consumo, a tasas anuales de 25% (…) Un negocio redondo. El 90% de las pensiones que pagan las AFP tienen un monto inferior al 64% del sueldo mínimo” (Publimetro, 13 de marzo de 2015).
Fin del confinamiento
La CEPAL proyectaba una caída en la economía de Chile del 7,9 por ciento. Desde el gobierno apunta que solo se supera con empleo, y se ha mencionado poco sobre organización barrial, para al menos amenguar la microeconomía.
El gobierno tiene el poder constitucional de la fijación de precios, así ciertos productos básicos y otro necesarios para controlar el coronavirus 19 se mantengan.
El escenario chileno esta crítico, cuando se logra dar liquidez a trabajadores con el 10% de AFP, el gobierno propone cambio de gabinete. Beneficiando a la bancada UDI, entregando poder a quienes fortalece el pensamiento de economía liberal, que votan en contra de políticas democráticas, entregando un premio a la bancada oficialista.
Es urgente pensar en otras formas de economías, el país cuenta con profesionales y la experiencia ciudadana para lograrlo, aunque la mayoría de políticos han salido de ciertas universidades (generalmente Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica), el rango de investigación chilena es mucho más grande. Además, es importante considerar que, durante la primera parte del estallido social, la ciudadanía esta dispuesta a compartir saberes, esta dispuesta a la participación.
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